Los y las inmigrantes rechazamos la sentencia contra el “procés” y defendemos los derechos de todos y todas.

Se ha hecho pública la sentencia del juicio contra el procès. Son penas duras que condenan a varios de los acusados a más de 10 años de cárcel.

Pero la sentencia no solo condena a los acusados, en su contenido se condena y niega el derecho de las personas que viven en Catalunya a decidir su destino; sus derechos fundamentales de expresión, manifestación, opinión y autodeterminación.

Este juicio y su sentencia son la culminación de lo sucedido el uno de octubre de 2017, cuando las cargas policiales contra ciudadanos indefensos trataron de impedir su derecho al voto.

Nosotros somos conscientes de que una gran parte del pueblo catalán quiere su propia república. Igualmente somos conscientes de que otra parte, también importante del pueblo catalán sigue queriendo ser parte del estado español. Pero ambas opiniones deben gozar de la más absoluta libertad de expresión y manifestación. Nadie debe ser encarcelado ni condenado por sus ideas. Por estas razones rechazamos esta sentencia.

Las personas inmigradas somos discriminadas por las leyes del estado español, leyes que el gobierno catalán obedece y aplica continuando con nuestra discriminación. La Ley de Extranjería fue votada por el PP pero también por el PSOE y fuerzas políticas que hoy gobiernan en la Generalitat. Pero sin duda el aumento de la represión que encarna la sentencia también dificultará la lucha por nuestros derechos, aumentará las redadas y las deportaciones y nos seguirá criminalizando.

Ejemplos de ello no faltan. La misma policía que ahora carga contra los manifestantes es la que nos identifica en las calles y nos deporta. Las mismas fuerzas políticas que nos acusan de “robar el trabajo a los españoles” son las que llaman condenan por sedición a autoridades catalanas elegidas por votación popular. Incluso han calificado de terroristas a personas que en sus casas tenían simples detergentes igual que hicieron con inmigrantes marroquíes en Gerona en el 2004.

Ante los ataques a los derechos democráticos no debemos permanecer como si no nos importase. Las personas migradas, junto con nuestros vecinos y vecinas, nuestros compañeros de estudio y de trabajo, hemos de movilizarnos en defensa de la libertad de expresión y manifestación. Uniremos a estas reivindicaciones las nuestras propias, el padrón sin restricciones, los papeles para todos y todas, el fin de los CIEs y las expulsiones, el acceso a la nacionalidad sin examen ni tasas Y la derogación de la Ley de Extranjería.

La prensa no deja de magnificar la violencia de estos días acusando de ella a la juventud catalana, nada dice la brutalidad policial, de la frustración de la juventud sin casa y sin trabajo, del miedo de los sin papeles a las detenciones cotidianas sin haber cometido delito alguno. Varios inmigrantes detenidos estos días pueden ser expulsados sin juicio alguno ni derecho a defensa.

Hay que construir leyes diferentes y opuestas a las que tantas veces hemos repudiado. Esto significa poner en marcha en Catalunya y en el resto del estado la defensa de las reivindicaciones sociales y democráticas que nos unen a todos: la igualdad de derechos, el trabajo digno, el derecho real a la vivienda, la sanidad y educación pública para todos y todas y la abolición de cualquier discriminación por razón de color, creencia, religión, sexo u origen.

Associació Papers i Drets per a Tothom, Sindicato Sindihogar/Sindillar

Barcelona18/10/2019

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