ALTO A LAS AGRESIONES RACISTAS, DEFENDAMOS LOS DERECHOS DE LAS MENORES MIGRANTES.

En pocas semanas se han producido numerosos ataques a colectivos de menores inmigrantes y al menos 3 a centros regentados por la DGAIA. Algunos han sido por parte de individuos aislados, pero otros lo han sido por grupos numerosos de jóvenes y vecinos de los pueblos donde están radicados los centros.

Repudiamos estos ataques junto con el resto de las organizaciones defensoras de los derechos de todas las personas. Existe una campaña de criminalización de las personas migradas por parte de organizaciones políticas de derechas que buscan sacar un redito electoral. Se miente sobre el aumento de la delincuencia, se explota el miedo de la población al empeoramiento de sus condiciones de vida por la previsible crisis económica, se utiliza al inmigrante como cabeza de turco, … y cuando el problema explota y se produce la violencia racista se encubre su gravedad disfrazándola de simples peleas entre jóvenes.

Nada puede justificar estas agresiones. Todos debemos condenarlas y tratar de evitarlas. Responder a ellas con la solidaridad y el apoyo mutuo sin distinciones en la comprensión de que no cabe ningún tipo de discriminación por razones de color, creencia, cultura, ideología, …

Pero es nuestro deber ir más al fondo del problema. No todo se arregla echándole la culpa al racismo latente azuzado por políticas interesadas. Hay otro problema que hace que la situación de los menores extranjeros sea explícitamente más vulnerable.

Esa razón de fondo es responsabilidad de las actuales instituciones gobernantes y en particular de las leyes que discriminan claramente al inmigrante como la Ley de Extranjería.

Esta ley impide a los y las migrantes el acceso a un trabajo legal haciéndoles blanco fácil de la explotación laboral. Y esta Ley afecta con especial crueldad a los menores. La Ley internacionalmente reconocida exige que los menores de 18 años que emigran no acompañados sean tutelados por los respectivos estados hasta su mayoría de edad y al obtenerla, la obtengan con todos sus derechos, es decir con la residencia legal. Pues bien, el estado español no cumple esa legislación internacional: la casi totalidad de los menores no tienen papeles al acceder a la mayoría de edad.

Aquí asistimos al tan conocido ping-pong de responsabilidades entre las administraciones autonómica y central. Los menores suelen llegar por la frontera sur, el estado central los ficha, pero en muchos casos se limita a darles “pasaje” para otras comunidades, entre ellas Catalunya, para que les acojan. La aportación económica del Estado central para esta acogida es mínima o nula.

La Generalitat debe acoger a estos menores y velar por su tutela y bienestar. Una tarea que desempeña con graves carencias, menores durmiendo en el suelo de comisarias, hacinados en diversos locales, rechazados por pruebas “medicas” de reconocida inexactitud, … La imprevisión y falta de proyecto de la Generalitat la lleva a concentrar muchos menores en espacios aislados de casi todo, de los movimientos vecinales o juveniles que podrían ayudar a su integración haciéndolos vulnerables a los ataques de colectivos racistas. Hace falta un proyecto personal para cada uno, pero también un proyecto colectivo, social.

Sea por falta de documentos, retraso de la administración central o excesivo celo de la misma, los menores alcanzan la mayoría de edad como sin papeles y pierden la protección de la tutela.

Los menores viven esto con l intensidad. Se sienten marionetas dentro de un sistema que les lleva de un albergue a otro, no pueden sentirse integrados cuando no tienen los mismos derechos que el resto de jóvenes, se sienten sin metas porque saben que en pocos meses o años tampoco podrán trabajar y ganarse el sustento. Son arrojados a la marginalidad social y sienten el desprecio con que la sociedad les trata.

No puede haber acogida digna en estas circunstancias cuando la tutela se convierte en un puro trámite temporal hacia la irregularidad administrativa y la explotación laboral.

Combatir los ataques a centros de menores no pasa solo por luchar contra las ideologías racistas y quienes las fomentan. Este combate no será efectivo sin un cambio legislativo, sin la derogación de una Ley promulgada y apoyada por la casi totalidad del arco parlamentario, el PP, el PSOE, y otros partidos.

No habrá acogida digna ni tutela efectiva sin igualdad real. No puede haberla con la Ley de Extranjería.

 

Plataforma el Racisme ens Tanca de Migrantes i Refugiades en Lluita

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